Cinco años después de que estallara una de las peores crisis financieras de la historia moderna, las cicatrices todavía no se han cerrado.
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Mientras siguen surgiendo predicciones que auguran el colapso inminente y los inversionistas prefieren quedarse al margen, la economía global, aunque no tan robusta como antes, no está cayendo en picado, opina el portal Motley Fool.
Pese a que la crisis ha afectado a la vida de muchos, no es tan transformadora como las perores crisis de la historia: el mundo sigue operando del mismo modo que antes.
Para entender el poder transformador que puede tener una crisis financiera, hay que recordar cinco colapsos económicos que cambiaron el curso de la historia, derrumbando imperios, alterando sistemas económicos y cambiando el equilibrio del poder global.
1929: La Gran Depresión
El crecimiento económico de los años 20 del siglo pasado destacó por la introducción de nuevas tecnologías, productos innovadores en el sector financiero y un entusiasmo sin límites por emplearlos por todos los sectores.
Era el mercado alcista, que experimentó, incluso tras el ajuste por la inflación, un crecimiento bursátil del 400% en ocho años finalizando en 1929.
Había razones económicas importantes y muy legítimas para el crecimiento.
La productividad creció a un ritmo récord durante la década de los 20.
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Los automóviles y la electricidad también empezaban a transformar el mundo occidental de una cultura agraria a una urbana. Sin embargo, una exuberancia irracional, combinada con un exceso de recursos prestados (créditos) creado por las innovaciones financieras de la época, finalmente elevó los precios de mercado muy por encima de sus niveles lógicos.
Por la falta de control gubernamental sobre el sistema financiero y sobre la economía en general, no hubo una mano fuerte que pudiera detener la caída al abismo una vez que terminó el optimismo del mercado.
El largo camino hacia la recuperación de la crisis duró 25 años, pasando por una guerra mundial y una transformación irreversible de las instituciones gubernamentales.
1789: La Revolución Francesa
Los últimos 250 años han visto numerosas crisis económicas, pero antes de la Gran Depresión, ninguna había afectado el curso de la historia mundial tan profundamente como la que estuvo detrás del colapso de la monarquía francesa en 1789.
La Francia prerrevolucionaria era una nación en la que las élites adineradas engordaban mientras las masas pasaban hambre.
La nobleza, el clero y la burguesía de clase media-alta suponían alrededor del 10% de la población francesa, pero tenían aproximadamente la mitad de todos los ingresos nacionales en 1788.
Paradójicamente, la Revolución Francesa estalló después de que el rey Luis XVI destinara demasiado dinero del perteneciente a la corona a la revolución estadounidense.
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La deuda francesa se elevó a casi 3.000 millones de libras y la mitad de todos los ingresos terminaron yendo hacia la devolución de la misma, a pesar de que las tasas de interés anuales estaban por debajo del 6%.
El déficit siguió creciendo después de la guerra debido a la construcción de la Armada en previsión de nuevas batallas con Gran Bretaña, así que los ministros de Finanzas empezaron a temer que se llegara a una situación de insolvencia.
Los intentos de cambiar el Código Tributario francés por votación de la Asamblea fueron rechazados por la élite.
La sangrienta revolución que siguió sacudió a Francia durante una década, llevando directamente a la época napoleónica y a la eventual transformación de Europa, que pasó de ser un mosaico de territorios vagamente alineados a albergar a varias potencias imperiales.
Gran Bretaña se convirtió en el mayor beneficiario del colapso económico de Francia.
1720: Las burbujas de las compañías del Mar del Sur y del Misisipi
Aunque la burbuja de los tulipanes es más conocida, las burbujas gemelas de South Sea Company (la Compañía del Mar del Sur) y la Compañía del Misisipi, hinchadas en Gran Bretaña y Francia a principios del siglo XVIII, tuvieron un impacto mayor en el mundo financiero global.
Ambas burbujas se capitalizaron sobre el enorme interés público por las crecientes colonias americanas de los dos países y su potencial económico y ambas estallaron por la acción de charlatanes hábiles que gozaron del apoyo explícito del Gobierno.
Antes de estallar, las burbujas se habían hinchado hasta tamaños verdaderamente asombrosos.
Sin necesidad de proporcionar la más mínima evidencia que respaldara las promesas más extravagantes, las compañías se promocionaban como puentes a las incalculables riquezas del Nuevo Mundo.
Contado con un amplio apoyo de sus gobiernos y grandes cantidades de dinero de sus respectivas cortes reales, gozaban de una legitimidad incontestable (aunque no verificable) que prestaba a todo lo que decían una apariencia de verdad.
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Fomentadas con toda clase de mentiras sobre los fondos de estas empresas en el Nuevo Mundo, los precios de las acciones se disparaban día tras día.
En cuanto la recuperación de beneficios en la parte superior de cada burbuja se precipitó, muchos inversores quedaron arruinados.
El enojo público producido por estas implosiones contuvo el desarrollo de los mercados comerciales tanto en Gran Bretaña como en Francia durante casi un siglo.
El impacto financiero de las burbujas también fue enorme.
Tras el ajuste por la inflación, la capitalización bursátil combinada de estas dos compañías alcanzó los 500 millones de libras esterlinas en su auge, aproximadamente el equivalente a la mitad de la producción económica de todo el mundo en aquellos momentos.
1627: La quiebra del Imperio español
Las vastas riquezas de oro y plata (unos tres billones de dólares) que mantenía el Imperio español a finales del siglo XVI gracias a las expediciones de los conquistadores al Nuevo Mundo, financiaban las numerosas campañas militares que llevaba a cabo en Europa.
Como consecuencia, España expandió sus territorios hacia una gran parte de Italia, Alemania y los Países Bajos.
Pero las constantes guerras y ocupaciones militares agotaban el tesoro español, que sufría una presión inflacionaria debido al influjo de plata y oro del Nuevo Mundo.
En lugar de reformar las finanzas reales, el ineficaz rey Felipe III condenó a España a un descenso hacia la irrelevancia a largo plazo.
El impago de las deudas de la corona impidió que el Imperio sofocara una rebelión holandesa en 1607.
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Este fracaso, cinco años después de que los holandeses establecieran la primera empresa con cotización bursátil de la historia, desplazó el poder económico de Europa hacia Ámsterdam.
El esfuerzo reiterado para someter de nuevo a los Países Bajos en la década de 1620 por el recién coronado rey Felipe IV tropezó con un colapso económico desastroso en la provincia vital española de Castilla, en 1627.
La corona española había devaluado su moneda hasta tal punto que esta se quedó efectivamente sin valor, y las fuerzas españolas tuvieron que vivir de los saqueos que llevaban a cabo en la mencionada provincia por algún tiempo.
La bancarrota de España de 1627 fue la quinta en 70 años, pero esta puso al poder español en decadencia definitivamente, despejando el terreno para el crecimiento de los imperios mercantilistas de los Países Bajos y del Reino Unido.
El ascenso al trono en 1665 del discapacitado y deformado (debido a los sucesivos matrimonios consanguíneos en la familia real) Carlos II fue el último clavo en el ataúd del Imperio español.
235: La crisis del tercer siglo y el declive de Roma
El tardío Imperio Romano, que se había expandido por todo el Mediterráneo y hasta partes de Oriente Medio, África y Asia Menor, vio su economía empezar a resquebrajarse en el siglo III.
Hasta aquel tiempo Roma llevaba casi 800 años proyectando su poder, pero el sistema llegó a ser cada vez más frágil tras el asesinato del emperador Cómodo en el año 193.
La dinastía que asumió el control tras su muerte reinó durante cuatro décadas hasta terminar en el año 235 con el asesinato del emperador Alejandro Severo a manos de sus propios soldados.
La lucha por el poder que siguió, rompió la cohesión interna del Imperio y destruyó de este modo su red comercial.
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La degradación de la moneda estaba fuera de control, mientras el Imperio perdía también su dominio sobre las provincias exteriores y se veía obligado a acuñar monedas con cada vez menor cantidad de metal precioso.
Ciudades y pueblos de todos los tamaños se arruinaban y destruían, porque Roma ya no podía pagar a las legiones que siempre habían mantenido la paz dentro de sus fronteras y garantizado la seguridad de los comerciantes y viajeros a lo largo de miles de kilómetros de carreteras.
La avanzada economía interna interdependiente, basada en el comercio, se deterioró (sobre todo en la mitad oriental del imperio) pasándose a un sistema más feudal, en la que los grandes terratenientes construyeron entidades autosuficientes y otorgaron protección a los pobres a cambio de su libertad.
El Imperio dividido finalmente se reparó en el curso de las campañas militares del emperador Aureliano en el año 275, pero nunca recuperó su antigua gloria.
Al calor de las peleas en el Banco Central, resucitó un debate casi olvidado: ¿es posible revisar el proceso de endeudamiento de los últimos 35 años, establecer responsabilidades y repudiar los pasivos mal habidos? Cash trasladó la consulta a dirigentes de la oposición y el oficialismo, quienes polemizaron sobre límites y voluntades.
Por Sebastián Premici El conflicto político que disparó el affaire Martín Redrado y la creación del Fondo del Bicentenario tiene una arista que escapa a la visión escandalizada de algunos miembros de la oposición en relación con el uso de las reservas del Banco Central y las formas con las que procedió el Gobierno para encarar el tema. Uno de los temas de fondo que resucitó un debate casi olvidado tiene que ver con la deuda externa, su (i)legalidad o (i)legitimidad y las posibilidades que tendría el Estado para encarar una auditoría con el fin de obtener una radiografía precisa de cómo fue el proceso de endeudamiento en los últimos 35 años y quiénes son los acreedores del país, ya sean estados, organismos multilaterales, bancos, empresas, inversores, instituciones, pequeños ahorristas o fondos buitre. Todo esto con el objetivo de determinar responsabilidades en los casos donde se encuentren irregularidades y a su vez construir una herramienta cultural que sirva para clarificar decisiones de política económica ante la sociedad. Sin embargo, no hay soluciones mágicas. Para avanzar en el tema, Cash consultó a legisladores de la oposición y del oficialismo sobre las posibilidades de concretar una auditoría de la deuda en moneda dura. Ya existen casos interesantes que podrían servir de base: la causa Olmos, con un fallo firme del juez Jorge Ballesteros sobre la deuda de la última dictadura militar, cuyos expedientes duermen en el sótano del Congreso; la causa del Megacanje, donde está procesado el ex secretario de Finanzas de la Alianza, Daniel Marx, irónicamente ahora uno de los voceros mediáticos para criticar la conformación del Fondo del Bicentenario. Y en el plano internacional existen las auditorías realizadas por Ecuador y Costa Rica, que se sometieron al Tribunal Internacional de la Haya, y una investigación que está iniciando Brasil sobre su deuda. Por lo tanto, cabe hacerse la pregunta: ¿puede hablarse de deuda legítima e ilegítima? Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner era un tema que, en todo caso, debió tratarse en 1983. La deuda en debate Según la causa Olmos, en 1975 la deuda externa tanto pública como privada era de 8085 millones de dólares, mientras que en 1983 ya ascendía a 45.087 millones de dólares y dos años después, ya en período democrático, rondaba los 49.000 millones de dólares. En las conclusiones del fallo, el juez Ballesteros determinó: “La deuda externa de la Nación ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del Estado”. Durante el primer gobierno post dictadura, Raúl Alfonsín intentó dar el debate sobre la ilegalidad de la deuda externa pero sucumbió rápidamente ante las presiones del establishment. Después, Menem lo hizo. En el marco del Plan Brady, la banca acreedora –el Bank of America, el Banco de la Sociedad Financiera Europea, la Unión de Bancos Suizos, el Boston y el Lloyds Bank, entre otros– consiguió cambiar una deuda bancaria por bonos del Estado que luego se vendieron anónimamente en el mercado. Fue un canje que alcanzó un total de 29.000 millones de dólares, impulsado por Domingo Cavallo, el abogado Horacio Liendo –ahora patrocinante del gobierno de San Luis contra el Fondo del Bicentenario– y –también– Daniel Marx. Desde la Reserva Federal, los implicados fueron Terrence Checki y el ex subsecretario del Tesoro, David Mulford, también implicado en la causa del megacanje de la Alianza. “Los Brady fueron los famosos bonos que luego se utilizaron para comprar las empresas públicas. De la mano de la deuda de la dictadura, más las renegociaciones del alfonsinismo, la estafa de las privatizaciones, el endeudamiento de toda la década menemista, más el megacanje, que le costó al país un incremento de la deuda externa en 50.000 millones de dólares, llegamos a la crisis de 2001”, señaló a Cash el economista Andrés Asiain, integrante de la Cátedra nacional de Economía “Arturo Jauretche”. La negociación del canje de 2005 representó una quita de 63.000 millones de dólares, mayor al aumento de la deuda ocasionado por el megacanje. Si bien es verdad que el actual nivel de endeudamiento en relación con el PIB es mucho menor que en 2003 –cuando llegaba al 138 por ciento–, existen argumentos jurídicos que avalarían la pregunta sobre la posibilidad de estudiar la deuda externa aun después de que los gobiernos democráticos la hayan convalidado a través de sucesivas renegociaciones y en los presupuestos nacionales. Para Mario Cafiero, el concepto jurídico de “deuda odiosa” está vigente y fue utilizado por el gobierno de George Bush para suspender la deuda en Irak contraída por Saddam Hussein. Pero sin ir tan lejos, la propia Constitución nacional tendría salvaguardas para analizar el endeudamiento externo. El artículo 36 de la carta magna establece que los actos hechos por un usurpante del poder –como fue la dictadura militar– son nulos de nulidad absoluta. “Hay que promover una acción judicial internacional que examine si realmente somos deudores. Costa Rica se sometió ante el Tribunal Internacional de La Haya y logró que la mayor parte de su deuda contraída bajo un gobierno de facto sea anulada. Allí se aplicó el concepto de deuda odiosa”, explicó a Cash el constitucionalista Eduardo Barcesat. En este sentido, el propio Héctor Timerman, embajador argentino en Estados Unidos, señaló esta semana en su carta al Congreso norteamericano que la actual deuda argentina –y el proceso de canje que quiere reiniciar el Gobierno– está relacionada con la última dictadura militar. Por lo tanto, existen elementos jurídicos y políticos –tanto locales como internacionales– que avalarían una auditoría de la deuda externa. El problema es cómo llevarla adelante después de que cambió tantas veces de mano con las sucesivas reestructuraciones. La deuda en el Parlamento Para el diputado Claudio Lozano, integrante de Proyecto Sur junto a Pino Solanas, debería crearse una comisión bicameral que recupere algunas causas judiciales vigentes y otros casos emblemáticos: el caso Olmos, el megacanje, los bonos por la pesificación asimétrica de 2002 y la reestructuración de la deuda de 2005. Además de la Bicameral, se debería convocar –según el legislador– al Tribunal Internacional de la Haya para que actúe como contralor. Otros legisladores, como Carlos Heller, ahora en el espacio que lidera Martín Sabbatella pero afín al Gobierno, e incluso el radical Daniel Katz, uno de los principales operadores políticos del vicepresidente Julio Cobos, también se muestran a favor de una comisión investigadora, pero se diferencian en puntos centrales. Según explicó Lozano a Cash, el Estado debería frenar el pago de toda la deuda investigada que tenga algún trámite judicial iniciado –como el megacanje– como así también los bonos originados en esa deuda por más que luego hayan sido canjeados nuevamente en 2005. “En donde no haya un juicio iniciado, hay que revisar todo, suspender el pago de capital y seguir abonando los intereses, hasta que termine la investigación”, agregó el legislador a este suplemento. Eso implica suspender el pago del grueso de la deuda actual. En relación con los Boden 2012, que son títulos emitidos para compensar a los ahorristas que quedaron atrapados en el corralito, Lozano afirmó que también debería estudiarse la transferencia de esos títulos, porque “sirven más para remunerar a los bancos que a los ahorristas”, según su tesis. Esto es porque los bancos fueron comprando esos bonos en el mercado. “Si hubo alguna ilegalidad en estos títulos, habría que forzar a los bancos para que compensen al Estado”, agregó el diputados de la CTA y Proyecto Sur. “Imaginate si se le dijera a algún ahorrista o jubilado que vamos a suspender el pago de los Boden 2012, sería un escándalo”, reflexionó Carlos Heller. Para el también banquero, la postura más sensata sería iniciar una revisión parlamentaria pero sin suspender los procesos vigentes de desendeudamiento. “El momento fue luego de la dictadura, después hubo innumerables cambios de mano, hubo tomadores de buena fe. No se puede ir siempre para atrás, si no estaría todo sujeto a revisión. Sí creo que es necesaria una investigación para delimitar responsabilidades. Brasil también lo está haciendo”, indicó Heller. El momento político parece ser una buena vidriera para que todos los integrantes de la oposición se sumen a la discusión por la deuda externa. “Se tendrían que suspender los pagos hasta tanto se termine la investigación”, señaló con vehemencia el diputado cobista Daniel Katz. –¿Usted ve a Cobos y al radicalismo declarando un default para encontrar a los responsables de la deuda externa? –le preguntó Cash. –Yo no soy la totalidad del radicalismo, habría que debatirlo profundamente. Los mercados y el mundo reaccionan frente a un país en función de la seriedad con que planteen los temas. Puede ser serio pagar como no pagar, depende de cómo se haga –respondió. La deuda pendiente En el oficialismo, tanto altas fuentes del Ministerio de Economía como desde la conducción del bloque oficialista en Diputados consideran que éste no es el mejor momento para hacer un estudio de la deuda externa. De hecho, el objetivo principal es concretar el nuevo canje para salir a los mercados financieros. Por lo bajo, los funcionarios del Ejecutivo reconocen que luego de 25 años es muy difícil investigar la deuda, aunque señalan que un argumento favorable para los que impulsan una investigación de estas características sería relacionar la deuda externa con un hecho de lesa humanidad e iniciar acciones legales para su investigación bajo el amparo de los derechos humanos. Para el economista Asiain, una auditoría de la deuda serviría mucho desde el punto de vista cultural. “Hay una gran mentira de que los argentinos vivimos de lo que nos dieron los extranjeros, nos viven diciendo que debemos honrar las deudas. La sociedad tiene que saber de dónde vino esa deuda. Es un tema relevante para el presente y para el futuro de país”, señaló el economista. El mecanismo de la deuda externa fue similar en muchos países latinoamericanos. El plan Brady se aplicó, además de Argentina, en Ecuador, Bolivia, México, Brasil, Perú y Filipinas. Por eso, desde los espacios de poder dentro de Latinoamérica, como la Unasur, se plantea la posibilidad de impulsar tribunales regionales que sean los responsables de estudiar todos estos procesos, por más que hayan pasado varias décadas. “Hay que investigar y reforzar el poder internacional para decidir en conjunto. A las finanzas internacionales no les importa cuándo se contrajo la deuda. Hay que finalizar este proceso de otra manera, a partir de la unidad latinoamericana, donde todos los países puedan expresar una opinión común frente a los grandes acreedores internacionales que viven de hacer juicios a los Estados”, aseveró el historiador y ensayista Norberto Galasso. //
En diciembre de 1959 se concretó la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al completarse el número necesario de ratificaciones de países del Convenio Constitutivo, proceso que había sido iniciado por Argentina y los Estados Unidos en octubre de ese año. Es decir que estamos festejando los 50 años de la creación de la principal institución financiera regional. Pero la idea de un banco regional se remonta más atrás. Ya en 1844, Juan Bautista Alberdi había sugerido la necesidad de establecer un Banco Continental.
La idea del banco resurge en el Primer Congreso Panamericano que se reunió en Washington a fines de 1889 y principios de 1890, por invitación del presidente Benjamin Harrison, influenciado por su secretario de Estado James Blaine. Durante ese Congreso se discutió la creación de un banco regional, de una moneda común, y de una posible unión aduanera para todas las Américas, entre otras cosas. Por diferentes razones esas ambiciosas ideas no se concretaron. Sin embargo, se acordó la creación de una oficina comercial de las Américas con sede en Washington, que terminó dando origen a la Organización de Estados Americanos.
Más adelante, alentados por la Política del Buen Vecino del presidente Roosevelt, los países de la región volvieron a plantear la idea de un banco, y se negoció la creación del Banco Inter Americano (BIA) en 1940. El convenio constitutivo de esa institución, que incluía componentes de un banco central, un banco comercial y un banco de inversión, no llegó a ser votado en el Congreso de los EE.UU., en parte porque la Segunda Guerra Mundial eclipsó ésta y otras iniciativas. Pero entre los que participaron en esa negociación desde el Tesoro norteamericano se encontraba Harry Dexter White, quien utilizó la experiencia del BIA para negociar con lord Keynes la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, ambas instituciones, creadas en Bretton Woods, son descendientes del BIA, y resultaron inicialmente del diálogo de la región con los EE.UU.
Finalmente en 1959, y preocupada por el deterioro económico y social en la región, la administración Eisenhower acordó con los países de América latina y el Caribe la creación del BID. Una característica diferencial respecto de las instituciones de Bretton Woods es que el BID desde su inicio tuvo una mayoría accionaria de los países en desarrollo (en ese momento, 60 por ciento de los países de ALC contra 40 por ciento de los EE.UU.), lo que le valió comentarios despectivos como el “banco de los deudores” y profecías acerca de que nunca iba a funcionar.
Sin embargo, ha funcionado, y su estructura accionaria le ha permitido tener un oído más atento a las necesidades de la región y ser innovador desde el inicio. Por ejemplo, la institución fue constituida con una ventanilla de préstamos blandos para los países y poblaciones más pobres mientras que el Banco Mundial, que había resistido la idea, recién creó una ventanilla similar casi dos años después. El BID también implementó desde el inicio préstamos en el área social, que el Banco Mundial todavía no realizaba.
Tanto en la concreción de la idea de un banco regional como en lo que hace a su organización desde cero, es justicia resaltar el trabajo de Felipe Herrera como primer presidente de lo que él llamaba “más que un Banco”. Bajo su liderazgo la institución fue pionera en áreas como vivienda, salud, tecnología y educación, sobre todo en su asistencia a universidades. También fue muy importante su rol para la integración regional, un objetivo que se manifestó en la creación del Intal con sede en Buenos Aires. Pero a la vez debe recordarse que ese momento coincidió con la Alianza para el Progreso, que le dio apoyo al Banco para que pudiera arrancar y crecer en la forma en que lo hizo. La presidencia de Herrera terminó en medio de los profundos desacuerdos entre la administración Nixon y la región sobre el gobierno de Allende en Chile. Pero el BID ya era una realidad en buena medida gracias al liderazgo de su primer presidente.
Durante los años setenta, y ahora con Antonio Ortiz Mena como presidente, el Banco se convirtió en una organización internacional, con la incorporación de Canadá, diferentes países europeos y de Japón. Además del reconocimiento a Ortiz Mena por esta expansión del BID, es igualmente importante recordarlo como el piloto en esos años difíciles cuando el banco tuvo que apoyar a la región durante los shocks de los alimentos y del petróleo en los años setenta, y los problemas de la deuda de los años ochenta. No obstante esos desafíos la institución continuó creciendo e innovando en temas como los proyectos de energía binacionales; el turismo; aspectos ambientales; y el inicio de los pequeños préstamos sociales (en lo que el BID fue pionero de lo que después se llamaría microfinanzas).
La crisis de la deuda de los ochenta fue configurando cambios en las estrategias de desarrollo, lo que junto con una situación geopolítica controversial en Centroamérica, cambió el entorno para el Banco en esa década y llevó a la eventual renuncia de Ortiz Mena. Pero el BID ya era un organismo financiero de calibre internacional.
Mientras que durante los trágicos períodos de gobiernos no democráticos el vínculo entre gobiernos y pueblos estuvo resquebrajado, a partir de mediados de los años ochenta se abre una gran etapa de avance y consolidación de la democracia en América latina y el Caribe. Enrique Iglesias, como tercer presidente del BID, fue instrumental en apoyar a la región en la expansión de las instituciones democráticas. Durante este período también se expandió el sector privado, mediante la creación de instrumentos innovadores como el Fomin, se constituyó la ventanilla del sector privado, y la Corporación Interamericana de Inversiones inició sus operaciones en apoyo de las pymes. La integración regional, especialmente en temas comerciales para todas las Américas y de infraestructura fueron también áreas centrales para la institución. Asimismo, durante esta época el BID continuó reforzando su trabajo en el área social, incluyendo aspectos de género y apoyo a comunidades originarias y de afrodescendientes, y se siguió innovando en temas de gobernanza, descentralización y seguridad ciudadana.
Un logro muy importante del presidente Iglesias fue que con las dos reposiciones de capital que lideró, especialmente la de 1994, el BID duplicó su capital y se transformó en la principal entidad de desarrollo de América latina y el Caribe, superando al Banco Mundial en el volumen de créditos para la región. Enrique Iglesias renunció en 2005 pero continúa sirviendo a la región desde la Secretaría General Iberoamericana con la energía y vocación de servicio de siempre.
Ahora se está trabajando en la creación del Banco para el siglo XXI bajo la presidencia de Luis Alberto Moreno. La reciente crisis ha llevado a aumentar significativamente el financiamiento para nuestros países, pasando de un nivel de 6000/7000 millones de dólares de préstamos a toda la región (tanto público como privado), a prestar unos 11.000 millones de dólares en el 2008 y casi 16.000 millones en el 2009. Esto ha limitado significativamente la capacidad financiera del BID, y por tanto se está negociando un incremento de capital que al menos duplique el tamaño de la institución.
Como región y como Banco tenemos todavía grandes desafíos. Uno tiene que ver con el ciclo actual de la economía mundial, mientras que el otro se relaciona con la tendencia de crecimiento de mediano plazo. Ambas cosas están relacionadas, porque como Raúl Prebisch siempre decía, la forma de crecimiento del capitalismo es con ciclos. América latina y el Caribe es importante dentro de las regiones en desarrollo tanto para ayudar a estabilizar la economía mundial en el ciclo actual como para abordar el desafío más importante que tiene el mundo, que es asegurar un desarrollo dinámico, con energía sostenible y con protección del medio ambiente, a la vez que se sigue trabajando en la resolución de los problemas de pobreza y desigualdad de más larga data.
Los países de Latinoamérica y el Caribe somos participantes responsables en la construcción de un mundo con estructuras económicas sostenibles y equitativas en lo energético y lo ambiental, con inclusión y justicia social, con modernización productiva y empleos de calidad y con refuerzo de las estructuras democráticas. Y el BID refleja las esperanzas, los sueños, los anhelos, el ingenio y la creatividad de los pueblos de la región en dichos esfuerzos.
En estos momentos en que estamos discutiendo el necesario incremento de capital del BID, debemos recordar esta larga historia y afrontar decididamente esos desafíos.
* Director ejecutivo por Argentina y Haití del BID.
** Estudiante del doctorado en Desarrollo Sostenible del MIT.
